Brindamos asesoría integral en procedimientos administrativos, contrataciones públicas, defensa ante el Estado y control de legalidad. Garantizamos que tu relación con organismos públicos sea clara, eficiente y libre de contingencias.
Atendemos a ciudadanos, empresas, entes públicos y ONGs en todo el país.

¿Qué es el Derecho Administrativo en Argentina?

Es el conjunto de normas que regula:
• La organización y funcionamiento de la Administración Pública (nacional, provincial, municipal).
• Los derechos y obligaciones de los particulares frente al Estado.
• Los mecanismos para controlar la legalidad de los actos estatales.
“Conocer el procedimiento administrativo es tu mayor herramienta de defensa.”

Servicios Clave

✔️ Contrataciones Públicas (Ley 27.272 – Obra Pública / Ley 27.275 – Acceso a la Información)
• Asesoramiento en licitaciones y contratos directos.
• Impugnación de pliegos o actos discriminatorios.
• Reclamos por incumplimiento estatal (ejecución de contratos).
✔️ Procedimientos Administrativos (Ley 19.549)
• Recursos jerárquicos, de reconsideración y apelación.
• Silencio administrativo positivo/negativo (estrategias de exigibilidad).
• Amparos por mora administrativa.
✔️ Responsabilidad del Estado (Ley 26.944)
• Reclamos por daños causados por actividad lícita/ilícita del Estado.
• Accidentes viales, obras públicas defectuosas, errores médicos en hospitales públicos.
• Juicios contra entes descentralizados (ANSES, PAMI, municipios).
✔️ Defensa del Contribuyente (Procedimientos Tributarios)
• Recursos ante AFIP/rentas provinciales.
• Planificaciones fiscales seguras (evitando ilicitud).
• Contencioso-administrativo ante tribunales federales.
✔️ Transparencia y Acceso a la Información (Ley 27.275)
• Pedidos de acceso a información pública (formato APA).
• Reclamos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
• Protección de datos en entes estatales.

 Riesgos de No Asesorarte Correctamente

• Invalidez de actos: Procedimientos viciados por plazos incumplidos o formas erróneas.
• Sanciones económicas: Multas por infracciones a normas de contratación o fiscalización.
• Pérdida de derechos: Caducidad por no interponer recursos en tiempo (30 días hábiles).
• Daño reputacional: Investigaciones y/o auditorías públicas.
“En derecho público, el desconocimiento de las normas no exime de responsabilidad.”